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Cuatrocientos lideres internacionales denuncian un “golpe blando” contra Petro

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el jurista español Baltasar Garzón, el líder laborista británico Jeremy Corbyn y el excandidato presidencial francés Jean-Luc Mélenchon, expresan su apoyo a Gustavo Petro.

El respaldo que Gustavo Petro no ha encontrado en Colombia,  llega de la mano de intelectuales, políticos y líderes sindicales de 35 países. 

Este miércoles se ha dado a conocer una carta en  apoyo al presidente colombiano que firman más de 370 lideres internacionales.“Un golpe blando está en marcha”, dice el comunicado.

 Los firmantes consideran que los poderes tradicionales “se han estado organizando para restaurar un orden marcado por la desigualdad extrema, la destrucción del medio ambiente y la violencia patrocinada por el Estado”. Y hablan con nombres propios: señalan a la Procuradora Margarita Cabello y  al Fiscal  Francisco Barbosa, de perseguir “activamente a los representantes del Pacto Histórico”.

La carta señala lo siguiente:

“A menos de un año de la toma de posesión del gobierno de Petro, están desplegando el poder institucional combinado de los organismos reguladores, los conglomerados mediáticos y la rama judicial del país para detener sus reformas, intimidar a sus partidarios, derrocar a sus dirigentes y difamar su imagen en la escena internacional”

La carta también fue  firmada por el expresidente colombiano Ernesto Samper, el ecuatoriano Rafael Correa y el español José Luis Rodríguez Zapatero.

Varios congresistas del Pacto Histórico están siendo investigados por la Procuraduría. El documento menciona a Alex Flórez, Alexander López, David Racero, Susana Gómez y a María José Pizarro,  pero hace énfasis en el caso del senador Wilson Arias, contra quien se abrió un proceso por lo que la carta llama el supuesto “delito” de “pronunciarse contra la violencia policial durante las protestas nacionales de 2021″.

Para los firmantes , las acciones de la procuradora, a quien califican como una “estrecha aliada del expresidente Álvaro Uribe, que fue ministra de Justicia bajo el anterior gobierno de Iván Duque”, constituyen una “violación flagrante del precedente legal establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impide a los órganos administrativos como la Procuraduría General destituir a funcionarios electos”.

Dichos procesos “pueden resultar en la suspensión, destitución e inhabilitación de congresistas”, indica el texto, y dificultan que las reformas de salud, laboral y pensional que busca adelantar Petro en el Congreso puedan llegar a buen puerto. “El objetivo de esta campaña coordinada es claro: proteger los intereses de los poderes tradicionales de Colombia frente a las reformas populares que aumentarían los salarios, mejorarían la salud, protegerían el medio ambiente y proporcionarían ‘paz total’ al país”.

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