Nexo del atentado Miguel Uribe con empresas de seguridad privada, la nueva trinchera de los paramilitates y el crimen organizado.
La seguridad privada en Colombia esta al servicio del crimen organizado
El conflicto interno colombiano, el narcotrafico y la impunidad son los factores principales que han convertido a Colombia en un floreciente y desbordado comercio de servicios de vigilancia, seguridad privada y mercenarios.
Las empresas de seguridad privada cuentan con un pie de fuerza de 500 mil civiles armados, superando en hombres armados a la fuerza publica (453 mil hombres armados).
El negocio de la seguridad privada esta en manos del narcotrafico, organizaciones criminales y la corrupción y tiene el apoyo de los principales partidos politicos, las fuerzas armadas y los estamentos de la justicia, en especial de la Fiscalia General de la Nacion, una entidad infiltrada por las mafias colombianas.
El crimen organizado tiene acceso de manera permanente a la red nacional de circuitos cerrados en condominios y otras instalaciones en el pais.
Aunque algunas empresas operan bajo un manto de legalidad, otras tantas lo hacen al margen de la ley, convirtiéndose en caldo de cultivo para mafias, organizaciones criminales, paramilitarismo e incluso oficinas de sicariato (Oficina Envigado) Lo más alarmante es que muchos propietarios de estas empresas son políticos, congresistas o exmiembros de la fuerza pública, quienes aprovechan sus cargos para desviar incluso contratos millonarios desde las mismas alcaldías y gobernaciones hacia sus propias compañías.
La Fiscalia se ha negado a investigar la corrupcion que existe en la seguridad privada.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada les concede licencias de funcionamiento a las empresas legales por diez años cada una y no tiene muchas opciones jurídicas para suspendérselas cuando estime que sería necesario hacerlo. Tampoco puede negarse a concederlas ni negarse a renovarlas si cumplen con los requisitos de ley, aun cuando haya fundadas sospechas de que sean propiedad de la delincuencia o de que estén al servicio de ella. Incluso, cuando la documentación aportada y el cumplimiento de los requisitos exigidos son dudosos o insuficientes, las licencias se conceden a toda costa por medio de métodos corruptos, en especial el soborno, como consta en innumerables denuncias que, por lo común, la Fiscalía General de la Nación se niega a investigar o le entrega un mismo caso a cinco o seis fiscales para que unos tropiecen y dañen el trabajo que hacen otros.
La Fiscalía, por ejemplo, se niega a entregarles a los organismos del gobierno competentes —incluidas las fuerzas militares— informaciones tales como cuáles y cuántas armas amparadas de manera legal han sido usadas en la comisión de homicidios, asaltos, atentados, etcétera.
Esta falta de información entorpece el control estatal sobre esas empresas.
Grandes conglomerados empresariales colombianos tienen licencias propias para poseer cuerpos armados de seguridad y armamento. Mayormente empresas mineras, agroindustriales, ganaderas, grupos empresariales, legales e ilegales, tienen ejércitos paramilitares provistos con pertrechos de guerra que les suministra la Industria Militar, INDUMIL. Estas últimas empresas en algunos casos son solamente mascarillas de grandes organizaciones criminales, como el llamado Clan del Golfo.
El principal empresario de la seguridad privada en Colombia, Jorge Arturo Moreno Ojeda (conocido como “zar de la seguridad”), vive libre en Miami y desde allí maneja su entramado empresarial debido a que no puede entrar a Colombia, donde tiene una condena a siete años de prisión. Su empresa principal se llama Guardianes y ha sido la surtidora de vigilantes y escoltas más grande de Colombia. Indirectamente, de acuerdo con fuentes de la Unidad Nacional de Protección -UNP-, tiene sociedades en el país al menos con otras siete empresas de gran envergadura, todas ellas contratistas del estado por medio de la figura de “uniones temporales”. Las fuentes consultadas indicaron que existen elementos para presumir que posee más nexos con empresas de su estilo tanto en Colombia como en otros países.
El gobierno Petro es el unico que le ha puesto la lupa a estas empresas de seguridad privada, a principios del mes de Marzo el presidente Gustavo Petro ordenó que se desarrollará una profunda investigacion a las empresas de seguridad privada.
El pasado 9 de Junio 2025 la superintendencia de vigilancia y seguridad privada suspendio la licencia de 5 empresas en Barranquilla. Tenían 696 hombres en servicio, 21 vehículos y 483 armas, entre pistolas, revólveres y escopetas. Estas empresas de seguridad privada tenian vínculos con el crimen organizado.
Nexo de las empresas de seguridad privada con el atentado de Miguel Uribe Turbay.
El pasado 14 Junio el periodista Gonzalo Guillen compartio un dato bastante interesante en su red social X, los escoltas de Miguel Uribe Turbay son de una empresa de seguridad privada de Jorge Arturo Moreno Ojeda, el "Zar de la seguridad" delincuente que se esconde en Miami.
"Los sospechosos escoltas que tenían URIBE TURBAY son de una empresa del prófugo JORGE ARTURO GUERRERO, principal empresario de la seguridad privada en Colombia (conocido como “zar de la seguridad”). Se esconde en Miami y desde allí maneja su entramado empresarial debido a que no puede entrar a Colombia, donde tiene una condena a siete años de prisión. Su empresa principal se llama Guardianes y ha sido la surtidora de vigilantes y escoltas más grande de Colombia.
Indirectamente, de acuerdo con fuentes de la Unidad Nacional de Protección -UNP-, tiene sociedades en el país al menos con otras siete empresas de gran envergadura, todas ellas contratistas del estado por medio de la figura de “uniones temporales”. Las fuentes consultadas indicaron que existen elementos para presumir que posee más nexos con empresas de su estilo tanto en Colombia como en otros países."
